Incalculables son los
bienes inmuebles, cuentas bancarias y sociedades mercantiles retenidos en el
país, por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), quien deberá
manejar con transparencia los procesos de subasta y venta de los valores.
Vehículos, casas, haciendas,
empresas, armas, proyectiles, droga, yates, apartamentos, lujosas mansiones,
aeronaves, ganado, aves, caballos y millones de lempiras y dólares han sido
incautados y decomisados a narcotraficantes, ex funcionarios públicos y
testaferros.
Con leyes como la Ley de
Privación de Dominios de Bienes de Origen Ilícito, Ley Contra El Delito de
Lavado de Activos; y con la acción de la Dirección de Lucha Contra el
Narcotráfico (DLCN) y la Fuerza de Seguridad Institucional (FUSINA), se ha
logrado dar un duro golpe a las estructuras del narcotráfico y de malversación
de caudales públicos.
Con apoyo de los Estados Unidos, Las
autoridades hondureñas han hecho operaciones contra el narcotráfico, las
cuales, han dejado como resultado no solo bienes incautados, sino también la
captura y extradición de las cabezas de estas organizaciones delictivas.
Ahora, qué procede con los bienes que han sido
incautados
Hasta la fecha, los bienes
incautados en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y
los provenientes del narcotráfico y el lavado de activos, están valorados en
aproximadamente dos mil millones de Lempiras.
La Ley de privación de
Dominio en su reforma del artículo 78, permite que cualquier bien que ha sido
incautado por la adquisición ilícita o actos de corrupción, sea vendido y el
dinero que se recaude debe ser devuelto a sus víctimas.
Como propuesta de los ciudadanos, los fondos
recaudados se deberían de utilizar en mejorar la infraestructura, equipar a los
hospitales, mejorar la calidad de la educación de las ciudades donde han sido
incautados, equipar a la policía, etcétera.
Pero, la realidad es que
existe un proceso que debe ser llevado a cabo antes de poner en venta o en
subasta dichos bienes. La incautación es una medida cautelar, para que los
bienes no sean utilizados en actividades delictivas, y no pueden ser
decomisados hasta que la culpabilidad de los imputados sea probada, aclara el
Ingeniero Fernando Ferrera.
Según el ingeniero Ferrera,
la Tesorería General de la República a través del Tribunal Superior de Cuentas
(TSE) debería regular y dar cuentas a la población sobre los procedimientos que
se llevan a cabo después de que un bien es decomisado.